El negro

Se sabe desde siempre, pero un par de reportajes periodísticos lo han puesto sobre la mesa otra vez: miles de clases particulares se cobran en negro y no se declaran ante nadie.

Los reportajes han incidido en algo especialmente llamativo: las oposiciones para judicatura o fiscalía, en las que muchos de los preparadores son precisamente jueves y fiscales, mueven un mercado de decenas de miles de horas de clase al año que se cobran, dinero en mano, mes tras mes, en negro. Por muy escandaloso que suene esto, que lo es, no es nada inusual, tanto que lo que sorprende es la sorpresa. ¿Cómo demonios puede llamarnos tanto la atención algo que pertenece a la propia naturaleza humana?

Desde siempre se sabe que los 27,50 euros que te cobran en la peluquería, si está en estimación directa, es muy probable que no vayan… a ningún registro. O los 20,50 de esa pequeña reparación que abonamos ayer, o los 747,25 de esa obra de fontanería no tan pequeña… Y eso hablando de negocios que están dados de alta y que tienen que declarar, formalmente, al menos unos pocos ingresos.

Imagínense ahora el mundo de la docencia informal, que mueve a un gran número de profesores y alumnos en nuestro país todos los meses, y en el que además no hay IVA que declarar, pero sí que se producen ingresos sustanciosos. En ese mundo, como en todos los demás universos paralelos que conviven en España, no se prestan los servicios por amor al arte casi nunca. El receptor del servicio, el opositor, el que aprende, el que sea, no consigue nada exigiendo un recibo, así que el profe particular de inglés del niño, o el que le da refuerzo de matemáticas, o el preparador de oposiciones, o… todo Dios, se limita a dar la clase, meterse el dinero en el bolsillo, y largarse.

El negro, el «dinero negro», es una forma de vida. Más aún, es la forma natural de vida, inicial de la vida económica, una vez superada la etapa del trueque. Es de donde venimos y, si nos empeñamos en seguir viviendo en la inopia, es donde seguiremos eternamente. Para declarar ingresos ante una autoridad superior ( el «Estado») hace falta un esfuerzo de civilidad, superar nuestra naturaleza ultramontana. Y ese esfuerzo, además, debe ir unido a consecuencias tangibles tanto en el debe como en el haber de las personas. Si no, no se hace.

La única manera de acabar con el dinero negro, además de que exista un control de las pequeñas-grandes cantidades en circulación (y eso solo se logrará si se acaba por eliminar el metálico y este no es sustuido por formas de pago crípticas que escapen también del control público), pasa por la deducibilidad, de una forma u otra, de cuantos más tipos de pagos mejor. Porque si no, quien paga no tienen ningún incentiva para reclamar recibos, y quien cobra no tiene ninguna presión para declarar ingresos.

Vivimos en un país donde la inspección solo detecta y persigue a quienes, estando de alta, dejan de abonar esto o lo otro, o a los que aplican un criterio distinto a la hora de imputar gastos o ingresos, o a quienes se equivocan en una liquidación visible. Lo invisible no se persigue, porque no existe a los ojos de la inspección.

A quien no existe nadie lo sigue: no hay inspección que investigue si no consta un censo previo que detecte un alta, un modelo 377-B que revisar, una declaración 431-L que corregir, algo tangible que perseguir. Así que tenemos cientos de miles de profesores informales, y de preparadores de oposiciones, y de reparadores de máquinas caseras, y de peluqueros y de… camareros recibiendo propinas que, lógicamente, pocas veces van a declarar. Ni que fueran santos.

Una sociedad más civilizada y más responsabilizada con el cumplimiento de sus obligaciones podría servir para avanzar un poco, pero solo un poco. La clave del asunto, aparte de la educación, si descendemos al terreno de la realidad, es hacer que todo un enorme conglomerado de actividades salgan a la luz, y eso en gran parte solo se puede lograr si quienes pagan por ellas tienen un incentivo fiscal para hacerlo. Si, por ejemplo, quienes tienen empleadas de hogar pudieran desgravarse ese gasto, otro gallo cantaría. Si, por el contrario, quienes pagan a sus empleadas/os no pueden deducirse un céntimo, y a los trabajadores no les interesa o no tienen obligación de declarar sus ingresos, ¿creemos de verdad que estas actividades va a aflorar al 100% tan solo por la «buena voluntad» de quienes participan en ellas?

El discurso político y social sigue en las nubes, permanentemente. En España nos dicen que la economía sumergida supone un 27% o un 31% de la actividad y no le dedicamos a ese dato ni un minuto de atención. Solo son cifras abstractas para nosotros. A continuación, desde cierta izquierda, se sigue defendiendo que se achicharre a impuestos a quienes están de alta, mientras se ignora el enorme conglomerado, el real, del dinero negro. Miramos al cielo nocturno y señalamos a las brillantes estrellas que lo dominan en el espectro visible, pero, aunque sabemos que están ahí, ignoramos completamente a los agujeros negros cuya masa conjunta puede llegar, en ciertas áreas, a superar ampliamente la de las estrellas visibles de muchas galaxias. Eso sí, cuando luego un reportaje periodístico nos presenta esa economía real con ejemplos concretos (si participan en ella jueces, mejor), entonces y solo entonces nos rasgamos las vestiduras y señalamos los agujeros.

Grandes fariseos estamos hechos, cuando todos, sí, todos, participamos del mismo circo. Todos lo vivimos en nuestra vida cotidiana, mil veces. En el mundo de las ayudas públicas, por ejemplo: ¿acaso creemos que todas las empresas que han cobrado prestaciones por ERTEs cumplían todos los requisitos y no forzaron estos? ¿De verdad no vemos cómo muchos han engordado sus cuentas privadas a costa del erario público?, ¿acaso creemos que todas las ayudas que se prestan por las administraciones están exentas de trampas o cobros indebidos? ¿ nos parece creíble que todos los que perciben la prestación por desempleo estén en casa permanentemente sin hacer nada, absolutamente nada, ningún trabajo, por informal que sea?

Cuando uno se puede aprovechar de cobros públicos posibles (forzando la ley), o cuando se puede ahorrar pagos públicos dolorosos (sorteando la ley), la tentación de hacerlo siempre estará ahí. Al fin y al cabo, los platos rotos no los paga nadie en concreto, es decir, los pagamos todos. Y, releches, los seres humanos no son ángeles, igual que los españoles de 1812 no eran justos y benéficos solo porque la Constitución dijera que debían serlo.

¿Acaso usted nunca ha cobrado o pagado nada de manera informal y se ha olvidado de «declararlo» o de exigir que se declarara? ¿Está seguro?

De qué demonios y de qué jueces estamos hablando, entonces.

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