Don Benito y la democracia

El 20 de febrero, los habitantes de los municipios pacenses de Villanueva de la Serena y Don Benito votaron la propuesta de sus dos consistorios para unirse en un solo municipio.

En Villanueva acudió a votar casi el 60% de la población, mientras que en Don Benito apenas lo hizo el 50%. En Villanueva aprobó la unión más del 90% de quienes depositaron su voto, mientras que en Don Benito ese porcentaje apenas rebasó el 66%.

¿Es esto suficiente? La condición que habían puesto ambos alcaldes para entender que sus vecinos estaban de acuerdo, era que en el referéndum (que legalmente no es obligatorio) votara a favor el 66% de ambos pueblos. Justo eso, ni más ni menos. No se habían establecido porcentajes mínimos de votantes respecto al total de censo, ni ninguna otra condición.

La fusión se hará, y tendrá cierta importancia dada la entidad de ambos núcleos de población, pero, vista desde lejos, nos recuerda un asunto de mucho mayor calado: la apelación a que la democracia es «lo que quieren los votantes» es una falacia. La verdad es que la democracia es una combinación indisoluble de dos cosas: reglas que dan seguridad jurídica evitando la discrecionalidad de los poderes públicos, y, luego, voto popular. El voto popular sin reglas claras que establezcan el campo de juego, se convierte en arbitrariedad, porque la definición de las condiciones del voto es básica para evitar que quien maneja los hilos maneje también los resultados de una votación, predeterminando esta con una pregunta capciosa, seleccionando opciones, limitando otras o jugando a su antojo con las mayorías exigibles.

En decisiones constituyentes, del tipo, «hacer nacer un estado», «unificar varios estados», «cambiar una república por una monarquía (o a la inversa)» parece claro que deben exigirse mayorías cualificadas, mayorías que, como dice el Tribunal Supremo de Canadá, impliquen una «voluntad ineqquívoca». Hay cierto consenso es que sería cosa de locos pretender cambiar el status jurídico básico de una sociedad, decisión que afectará a generaciones y generaciones, por un mero capricho de un día y una mayoría de votantes de 51 a 49. Los cambios constituyentes requieren mayorías consolidadas porque establecen cambios irreversibles.

El problema es ¿cuándo considerar que una mayoría está consolidada? Si los alcaldes de los dos pueblos que se van a fusionar hubieran establecido que era necesario el voto afirmativo de la mitad del censo de cada municipio, a nadie le habría extrañado, porque es un requisito bastante lógico. Pero, de haberlo hecho así, la fusión no habría salido adelante, porque en Don Benito votó a favor mucho menos de esa mitad.

En cambio, optaron por exigir un 66% de síes por parte de quienes fueran a votar. También parece razonable. pero, ¿ por qué el 66%, y no el 60, o el 75%, o cualquier otra cifra? Porque psicológicamente, la barrera de los dos tercios es importante. Si dos de cada tres personas que van a votar lo hacen en determinado sentido… parece lógico que el tercero en discordia no tenga suficiente peso como para bloquear la voluntad de los otros dos.

Estupendo. Solo que el 66% no son dos tercios. Nada menos que la fusión de dos municipios ha dependido de un pequeño malentendido. Probablemente ambos alcaldes, algún día de 2021, hablando distendidamente mientras se tomaban un café, fijaron esa cifra como referencia (el 66%) porque «les sonaba». Así, sin más, sin pensar mucho. Redondearon los dos tercios al primer número entero que les vino a la mente, probablemente sin tener siquiera conciencia expresa de que la auténtica mayoría de dos tercios no es un 66%, sino que está bastante más cerca del 67%.

¿Sutilezas? ¿Tonterías? Quizás. Pero estas sutilezas en muchas ocasiones marcan el destino de los pueblos, porque determinan el terreno de juego.

Y aquí es donde queda patente la enorme importancia que, en democracia, tienen las reglas en virtud de las cuales se adoptan las decisiones. Si los alcaldes hubieran manifestado públicamente que solo saldría adelante la fusión si votaban a favor al menos dos tercios de los habitantes de cada municipio (que es, exactamente, en lo que estaban pensando mientras se tomaban el café), esta no habría prosperado.

Solo la incompetencia matemática, cierta laxitud a la hora de entender lo que implica determinar con precisión una norma, va a permitir la fusión.

No cuesta imaginar que, si hubiera oposición real a la unión de estos dos municipios, algún colectivo de Don Benito alegara que en realidad el resultado de la votación fue negativo, porque en esa localidad la mayoría no llegó a los dos tercios (se quedó en el 66,2% de apoyos). Imaginen una demanda bien planteada ante un tribunal quisquilloso… y cómo se podría llegar a enredar el asunto en un aluvión de disputas y reclamaciones.

No ocurrirá tal cosa porque en el caso de estos dos municipios extremeños el voto popular no era un requisito legalmente exigible. Los consistorios lo aprobaron y eso es todo lo que exige la ley. Pero, más allá de la anécdota, el asunto pone de manifiesto la enorme importancia que tiene establecer normas claras, sobre todo a la hora de dar validez a decisiones democráticas de especial transcendencia.

Los problemas que en este sentido han supuesto ciertos referendos británicos de la última década, en los que el futuro del país quedaba en manos de una pírrica mayoría de un solo día, dejan claro que la falta de rigor no es exclusiva del ámbito local: a veces son incluso los responsables del mayor imperio que haya conocido la Tierra los que, en arrebatos de simpleza, convocan referendos sin siquiera entender las implicaciones.

Mientras tanto, Don Benito y Villanueva van a unir sus destinos para siempre por un puñado de votos y… porque sus alcaldes no saben redondear.

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