Política 20

La renta universal como problema o como solución

Pablo Iglesias acaba de decir que, en cuanto puedan, el gobierno implantará una renta universal que «garantice un ingreso mínimo vital para todos los hogares».

Enseguida, por supuesto, han salido los ultraliberales a la palestra para afearle semejante locura, y los ultraizquierdistas para decir que la medida es escasa y no acaba con la desigualdad.Pues ni una cosa ni otra: se trata de una una propuesta imprescindible, que lleva años ya sobre la mesa, pero, a la vez, tal y como está planteada, errada en su misma raíz.

Es imprescindible porque avanzamos, nos guste o no, por imperativo de la automatización de procesos y la inteligencia artificial cada vez más autosuficiente, hacia una acumulación de capital progresivamente mayor, para la que la mano de obra humana será cada vez menos necesaria. En ese contexto de incrementos de productividad pero, al mismo tiempo, generación de valor añadido solo para el factor capital y no para el factor trabajo, ¿de qué podrá vivir la mayor parte de la población, que es, por otra parte, la destinada a consumir lo que la industria y los servicios producen?

La renta básica universal es, por tanto, una necesidad de una lógica económica aplastante, que se enmarca en un inminente y radical cambio de paradigma: el de la necesidad del trabajo para la supervivencia.

En una sociedad donde el trabajo será un bien en extinción, la renta universal será un motor de igualdad, y se sufragará con impuestos que pagarán los cada vez menos frecuentes trabajadores y, sobre todo, los cada vez más acaudalados capitalistas. ¿Entonces, cuál es el problema de la propuesta de Iglesias?

El problema es que pretende implantar ese sistema, que es profundamente revolucionario y, finalmente, imprescindible, sin desmontar el que existe actualmente. La filosofía del sistema de protección actual consiste en inundar a la sociedad con una pléyade de prestaciones distintas, ad hoc, que satisfagan una a una las carencias que crea el presunto mal funcionamiento del mercado.

Esa manera de ver las cosas, el llamado «estado de bienestar» tan propio de la Europa de la segunda mitad del siglo XX, está en claro retroceso en el mundo, porque no garantiza, ni mucho menos, la suficiencia financiera de las arcas públicas.

El error, el inmenso error de Iglesias, consiste en intentar solapar este viejo estado de bienestar con la nueva prestación universal. Al hacerlo así, se compromete aún más la suficiencia del estado, que fracasaría sin remedio en cuanto llegue la siguiente crisis, cayendo en la bancarrota.

Qué diferente sería una propuesta de renta universal incondicionada que fuera unida a la supresión, simple y sencillamente, del viejo esquema multi-prestacional que ha caracterizado al estado europeo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial: un modelo de estado que está ya en plena demolición.

El cambio de paradigma, muy difícil de implementar por lo costoso del período de transición que implica, desembocaría, sin embargo, en una situación financiera final perfectamente viable, que culminaría con una sociedad donde las empresas actuarían en un mercado poco o nada intervenido, completamente libre, pero en la que el estado se reservaría una única y fundamental misión: garantizar el cumplimiento de las reglas del juego (policía, justicia, etc) y un ingreso mínimo suficiente, sobrado, para todos, sufragado básicamente con cargo a un exigente impuesto sobre las ganancias de capital.

Ni de lejos está pensando Pablo Iglesias en algo así, ni de lejos tiene idea de cómo podría llevarse a cabo la transición hacia semejante modelo, y ni de lejos entiende las profundas implicaciones que acarrea.

Ese es el auténtico debate pendiente en nuestras sociedades, que ni siquiera se ha empezado a esbozar.

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